Recientemente terminó la huelga de hambre (y durante un tiempo la huelga líquida) del preso político Dimitris Koufontinas, que con una ley de venganza, fotografiando a los presos políticos de larga condena, perdió su derecho a cumplir una condena en las cárceles rurales. La secuela es bien conocida: el gobierno se negó a aplicar su propia ley y Dimitris Koufontinas inició una huelga de hambre de varios días exigiendo su regreso a la prisión de Korydallos, como exige la ley.
Un trato similar a los presos políticos esta vez por parte del Estado chileno es el motivo del inicio de las manifestaciones en la cárcel de Santiago. Así, desde el lunes 22 de marzo, en Santiago de Chile, los anarquistas y otros presos políticos, así como los presos por la causa mapuche, iniciaron una movilización con las características de una huelga de hambre indefinida.
Se trata de los compañeros Mónica Caballero Sepúlveda en la Cárcel de Mujeres de San Miguel, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Joaquín García Chanks, Juan Flores Riquelme, Juan Aliste Vega en la CAS, (no participa en la huelga, pero apoya, dado su estado médico en la cárcel de alta seguridad), Francisco Solar Domínguez, en el departamento de máxima seguridad, Pablo Bahamondes Ortiz, José Ignacio Durán Sanhueza, Tomas González Quezada y Gonzalo Farias Barrientos, en los tramos 2 y 3 de la cárcel de Santiago 1, Las demandas de la movilización son la derogación del artículo 9 y el restablecimiento del artículo 1 del Decreto Ley 321, la liberación de Marcelo Villarroel, la liberación de todos los presos subversivos, anarquistas, encarcelados por la causa mapuche y los presos de la revuelta.
En otras palabras, reclaman que la modificación de la ley que regula la «libertad condicional de un preso» no se aplique de forma retroactiva para que ésta siga siendo un derecho adquirido de los presos y no un privilegio como lo define la ley actual. Esta ley se transformó fotográficamente contra los presos políticos pero también contra los que se resisten contra los intereses del Estado y del capital. Esta modificación de la ley complica notablemente el acceso a la llamada «libertad condicional», retrasándola en algunos casos durante décadas, lo que afecta a un gran número de detenidos que ven cómo sus condenas se convierten en permanentes. Una ley que tiene secuestrados por el Estado a quienes luchan contra ella.
Esta modificación afecta directamente al compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda que con 2 largos periodos de encarcelamiento lleva más de 25 años preso por acciones contra el estado y el capital en los años 80, 90 y 2000. El compañero Marcelo tendrá derecho a solicitar la libertad condicional en 2036, lo que significa que el Estado chileno pretende mantenerlo encarcelado durante más de 40 años.
La represión es la herramienta más violenta del mecanismo estatal. Sea cual sea el signo político de la gestión de cada estado, la represión será siempre la herramienta que se mantendrá para que esté lista para ser utilizada por los gobiernos.
Las cárceles son los infiernos donde se amontonan los que resisten y responden a la violencia estatal, pero también los que se desvían de la normalidad, derivados del propio sistema.
Las leyes son las herramientas de la ilusión de la Justicia a la sociedad, pero también las herramientas flexibles de la venganza contra los combatientes.
La solidaridad no conoce fronteras, puede y debe ser internacional.
«Ser legislador es la forma más refinada de la tiranía» F. Nietzsche
Solidaridad y camaradería internacional para la destrucción de toda prisión.
Okupa anarquista UTOPIA A.D.
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FUENTE: utopia_ad@riseup.net
TRADUCCÓN: ANARQUÍA
