Desde hace dos años vivimos en un estado de emergencia interminable, tras el avance de un virus que se ha convertido en una pandemia mundial. Tenía que ocurrir tarde o temprano en un mundo globalizado y capitalista que destruye el entorno natural en aras del beneficio, donde los bienes y las personas se mueven rápidamente de un extremo a otro del planeta (y sólo los pobres son rechazados en las fronteras), y donde más de la mitad de la población mundial vive en ciudades mega-urbanizadas.
La proclamada emergencia, sin embargo, ha sido utilizada por el Estado no para meter la mano en el sector sanitario, diezmado por los continuos recortes que los gobiernos han realizado a lo largo de los años y que han provocado tantas muertes evitables (no sólo por el virus), sino para acelerar todos aquellos mecanismos autoritarios y coercitivos de los que es capaz el régimen democrático.
No se trata sólo de la vacunación obligatoria para determinadas categorías de personas (personal sanitario, profesores, mayores de 50 años), sobre la que hay mucho que discutir, sino sobre todo del control social que se ha puesto en marcha, sin olvidar el instrumento del Pasaporte Verde, que en cualquier caso no es más que una etapa en la carrera hacia la digitalización forzosa de todos los datos que nos conciernen. El control y el comercio de datos digitales, como sabemos, es la nueva frontera del «capitalismo de la vigilancia», que a través de la gestión de emergencias está ganando terreno.
Desde las apps de rastreo hasta las cámaras de reconocimiento facial, desde el internet de las cosas hasta la inteligencia artificial, la tecnología al servicio de los amos y los estados, que no nació para simplificar nuestra existencia sino para vigilarnos, estará cada vez más presente en nuestras vidas, pero solo con la digitalización de los datos y su transmisión (5G, banda ultraancha) e interconexión (domótica, smart-city) será posible. No es casualidad que el PNRR del gobierno de Draghi, es decir, el Fondo de Recuperación italiano financiado con dinero europeo, esté canalizando sumas astronómicas hacia las tecnologías de vigilancia y la modernización digital de todos los sectores esenciales: la escuela, el trabajo, las redes de telecomunicaciones, la movilidad y la sanidad (con telemedicina). Tampoco es una coincidencia que el gobierno de Draghi haya facilitado a los organismos e instituciones de la administración pública la recogida y el tratamiento de datos personales, a través de un artículo del Decreto Capienze que el pasado mes de octubre derogó el artículo 2 del Código de Privacidad, reduciendo también el papel de la Autoridad de Protección de Datos.
Para muchas personas, quizá no sea un problema que sus datos sean utilizados por empresas privadas, multinacionales e instituciones estatales mediante la vigilancia masiva. La gente sigue pensando que si no hace nada malo, sus datos no son secretos. Pero el control social nunca es algo que concierna sólo a la esfera de las libertades personales y la intimidad; hay varias razones para oponerse a la digitalización de los datos y a las herramientas invasivas como el pase verde, entre las más inmediatas: desde la facilidad con la que los empresarios pueden vigilar a sus empleados (¡y los riders y los empleados de Amazon saben algo de esto!) hasta los que viven en una situación de ilegalidad forzosa (como los inmigrantes indocumentados) que ven su vida continuamente amenazada por el aumento de los dispositivos de vigilancia cada vez más sofisticados. No olvidemos la discriminación de los que ya no tienen acceso a las nuevas tecnologías, a menudo los más pobres de la sociedad, que ven menoscabado su acceso a los derechos y servicios sociales que conquistaron hace años a costa de una dura lucha.
No nos sorprende que las instituciones, en lugar de garantizar a todas las personas el acceso a las mismas prestaciones, prefieran gastar millones de euros en dispositivos de vigilancia digital, que automáticamente conducirán a la domesticación, por un lado, y a la exclusión social, por otro.
Tampoco nos sorprende saber que las leyes pueden ser injustas y afectar a la libertad de unos pocos o de muchos. Sin embargo, el tema del pase verde ha cobrado hoy un interés que antes no se veía con otras tecnologías de vigilancia. Esto se debe a que personas que antes estaban bien integradas se encuentran ahora sin poder circular libremente en trenes, autobuses y tiendas, o sin poder trabajar o prestar servicios básicos sin un determinado documento… como siempre ha ocurrido con los inmigrantes o los desfavorecidos económicamente, a los que antes apenas prestaban atención (y a los que puede que sigan sin prestarla).
Estas personas se encuentran marginadas por «su» sociedad, y desgraciadamente también es cierto que hay muchos egoístas (incluso entre los que se consideran altruistas) que contribuyen a la injusticia exigiendo más y más normas y prohibiciones contra cualquier categoría que no sea la suya.
Pero ¡cuidado! No es una cuestión de fascismo o democracia: todo Estado, ya sea republicano, monárquico o fascista, siempre ha dividido a la sociedad entre los que están integrados en un lado, con todos los derechos garantizados, y los que están en el otro lado, que deben ser marginados porque son designados como enemigos.
Para dividir a la sociedad, el poder siempre nos ha dicho que si no tenemos nada que ocultar, no debemos temer que nos controle, pero en realidad es precisamente a través de este control como puede operar la clasificación entre los incluidos y los excluidos, los integrados y los excluidos, los premiados y los castigados.
Si bien es cierto que nuestras vidas nos pertenecen y que ningún responsable político o económico debe decidir lo que es bueno o malo para nosotros, el hecho de que el Estado o cualquier otra institución, ya sea pública o privada, nos controle cada vez más a través de los datos personales no puede conducir a nada bueno, hoy como siempre (y ciertamente no es menos preocupante que ya estemos sometidos a una increíble cantidad de documentos, certificados y, por último, herramientas tecnológicas).
Dicho esto, es bastante inútil que apelemos continuamente a las libertades democráticas o a la Constitución traicionada, y que gritemos «¡Fascismo!», porque en realidad los que gobiernan siempre han hecho lo suyo en todas las épocas, a no ser que se vean frustrados en sus intenciones por revueltas y revoluciones sociales.
Lo que debería hacernos reflexionar, si acaso, es que algunas personas en los países occidentales, después de haber pasado en un instante de pertenecer a categorías privilegiadas a ser señaladas como los nuevos chivos expiatorios, repudiados por la llamada «sociedad civil», en lugar de tender a una autoorganización solidaria y horizontal entre ellos, cuando manifestaron la necesidad de iniciar una lucha volvieron a apoyarse, aunque no siempre, en «líderes» y personajes turbios. Hay gente que desgraciadamente cree acríticamente, casi en un gesto de fe, en personajes ambiguos, a menudo procedentes de zonas soberanistas fácilmente rastreables a la derecha más radical o al catolicismo reaccionario. ¿Qué hay de malo en eso? Desde nuestro punto de vista todo: hay que repeler tanto a los que provienen de los partidos de gobierno (sea la izquierda legalista-estatista o la derecha liberalista) como a los que aparentemente se oponen al gobierno pero apoyan soluciones autoritarias y discriminatorias muy parecidas (pensemos por ejemplo en los racistas que quieren excluir a los extranjeros o en los fundamentalistas religiosos que quieren hacer lo mismo con los gays).
Una lucha eficaz debe tener claro el enemigo contra el que se va a atacar, no hoy, sino siempre: el principio de autoridad, en todas sus diversas formas.
Además, dado que la tecnología hoy en día ya no es una opción o un simple privilegio, sino también una imposición, debemos redescubrir cuanto antes la solidaridad y la dimensión humana, tratando de oponernos a la alienación y a las divisiones creadas artificialmente por el poder entre la masa de explotados. Cuanto antes comprendamos esto, menos complicado será luchar contra quienes, bajo el disfraz de la ciencia, o más bien del cientificismo, nos obligan a someternos a los imperativos del Estado, de la economía capitalista y de la tecnología a su servicio, que en nuestra época no libera ciertamente a la humanidad de la monotonía del trabajo (como pensaban los positivistas a mediados del siglo XIX), sino que parece encadenarla a nuevas formas de esclavitud.
No busquemos soluciones desde arriba, ¡creemos 10, 100, 1000 caminos solidarios y autogestionados desde abajo!
Anarquistas del Espacio Libertario «Sole e Baleno».
Subborgo Valzania 27, Cesena, enero de dos mil veintidos.
FUENTE: INFERNO URBANO
TRADUCCIÓN: ANARQUÍA
