Pombo entró a prisión con 17 años por atracar bancos y allí formó parte de la APRE, organización que luchó desde dentro de las prisiones para acabar con el régimen de aislamiento. En enero de 2020 volvió a ser detenido por orden del Juzgado de lo Penal número 2 de Girona, que afirma que le quedan por cumplir 16 años de sentencias por hechos producidos en los 90. Unas condenas que su abogado afirma que están extinguidas o prescritas. Con 53 años de edad, Gabriel Pombo ya ha pasado más de 30 en prisión.
Gabriel Pombo da Silva pasa el tiempo en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, estudiando la Edad Media. Lleva recluido en esta prisión desde mayo, cuando fue detenido en Portugal y trasladado a España en plena pandemia. Apenas había pasado cuatro años en libertad, junto a su compañera Elisa Di Bernardo y su hija, después de toda una vida de cárcel en cárcel.
“No les importa que yo ya no sea el mismo, que ahora tenga familia y no haya vuelto a delinquir”, lamenta. Tras pasar más de 30 años de los 53 que tiene de vida en prisión, Pombo fue mandado de nuevo a la cárcel para cumplir los residuos de condena que le impusieron por hechos producidos en los 90. Unas condenas que, sin embargo, según señala su abogado, Manuel Chao Do Barro, están ya extintas o prescritas.
Gabriel Pombo nació el 19 de noviembre de 1967 en El Calvario, un barrio obrero de Vigo. Él y su familia formaban parte de esa parte de España que el franquismo intentó borrar. “Mis abuelos eran comunistas y la mayoría de familiares también abrigaban ideas socialistas y/o republicanas, y lo mismo ocurría con todos en los barrios en los que yo me movía”, explica Pombo a El Salto desde la cárcel de León. “Yo no entendía nada de política, mi abuelo me decía que los fascistas eran ‘basura humana’. Muchos de sus camaradas habían sido asesinados en los primeros días del alzamiento militar. Él tuvo ‘suerte’ por ser un soldadito raso y fue internado en un campo de trabajo durante años”, continúa Pombo. “Mi mundo era mi familia y el barrio, donde todos nos conocíamos. Allí aprendí que los ricos tenían el dinero y el poder, y los pobres teníamos la solidaridad, la complicidad de clase, que era el contrapoder popular”.
Cuando tenía ocho años, Gabriel y su familia formaron parte de la oleada de gallegos que abandonaron España para buscar mejores condiciones de vida en Alemania. Pero a Gabriel no le gusta su vida en Alemania. Seis años después, con solo 14 años, vuelve a España por su cuenta. “Decidí escaparme y volver a Galicia. Fue toda una aventura que hice caminando, colándome en trenes, cruzando ríos, viviendo en la calle. Me alimentaba robando comida, también robaba ropa. Cogía lo que me hacía falta para sobrevivir hasta que llegué a Vigo meses después”. Allí, Gabriel acudió a casa de su tía Julia. “Fue como una segunda madre. También era comunista y muy pobre. Su marido era tetrapléjico y malvivían con una pensión miserable junto con otras familias”.
Gabriel explica que, cuando volvió a España, le intentaron escolarizar pero él ya estaba acostumbrado a la vida en la calle. Sacaba algo de dinero descargando pescado en el puerto o realizando otro tipo de trabajos que él define como “una mierda mal pagada”. Era 1981 y, por ese entonces, según recuerda Gabriel, “Vigo estaba en pie de guerra”. Las huelgas de los astilleros eran seguidas por huelgas de estudiantes. Las calles ardían y Gabriel se apuntaba a cada acción. “La calle se convirtió en mi casa, apenas aparecía por casa de mi tía para dormir de vez en cuando. Estaba metido en todas las broncas que montaban los currelas o los estudiantes y, sin apenas darme cuenta, empecé a vivir al margen de la ley. Me fui sumando a las huelgas que encontraba y, aunque no entendía de política, aprendí que yo me sentía parte de ese pueblo en lucha. Tirar piedras a la policía, quemar autobuses o bancos se convirtió pronto en mi normalidad cotidiana. Escuchaba lo que decían en las asambleas de barrios y participaba en las decisiones colectivas o en las iniciativas minoritarias radicales”.
“Robábamos comida que repartíamos por los barrios, asaltábamos bancos y gasolineras para apoyar a las familias de los presos y presas, y para nuestro propio autofinanciamiento, hacíamos pintadas… ¡Queríamos una amnistía total!”
Una de estas iniciativas minoritarias con las que Gabriel empatizó fueron los grupos de apoyo a personas presas. “Eran militantes muy duros, muchos recién salidos de la cárcel por la mini reforma del 81, y estaban bien organizados en grupos de afinidad”. Gabriel decidió involucrarse en lo que denominaron como “agitación armada”. “Robamos alguna armería y, con todo ese arsenal, se formaron ‘grupos de acción’. Robábamos comida que repartíamos por los barrios, asaltábamos bancos y gasolineras para apoyar a las familias de los presos y presas, y para nuestro propio autofinanciamiento, hacíamos pintadas… ¡Queríamos una amnistía total!”, explica Pombo. Así pasó parte de su adolescencia.
“Hay que ubicarse en este contexto sociopolítico para comprender qué hizo que tomase esa decisión: las luchas obreras y estudiantiles, la lucha de los presos y la miseria de los barrios, una policía fascista, un fracasado golpe de Estado —el del 23 de febrero—, las torturas… Pese a mi juventud e ignorancia, nunca dudé de que estaba en la parte justa, nunca pensé que lo que hacía fuese malo, siempre consideré que yo era parte de algo más grande que mi persona”.
Pasan algunos años y, en 1984, Gabriel es detenido por el atraco a un banco en Redondela (Pontevedra). “Ni a los compañeros detenidos ni a mí nos cogieron armas, dinero o tenían pruebas de tipo alguno. Sencillamente la policía y la fiscalía estaban ‘convencidas moralmente’ y fuimos condenados. Acabé en el que por entonces era el peor penal de España, el de Teruel”. Gabriel tenía 17 años y en Teruel comenzó su trayectoria por las cárceles españolas.
Ya antes Gabriel había conocido la violencia policial e incluso había sido víctima de una simulación de ejecución por parte de un grupo de guardias civiles, según afirma a El Salto, pero allí, en Teruel comenzó a sufrir lo que él denomina como “tortura sistemática” y el régimen de aislamiento. “En Teruel, cuando llegabas te recibía toda la plantilla de carceleros en el rastrillo. Allí te obligaban a desnudarte, mientras te insultaban y provocaban, delante de todos —presos y guardias—, y te obligaban a hacer flexiones. Te decían que los cojones se quedaban intervenidos en objetos retenidos, que allí mandaban ellos y la cárcel era suya”. Una bienvenida que servía como aviso a navegantes.
Gabriel pasó 14 meses seguidos en aislamiento, saliendo únicamente durante cinco minutos al día y solo al patio —el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura fija un máximo de 14 días en régimen de aislamiento como sanción penitenciaria—. Según explica, el motivo de que fuera sometido al régimen de aislamiento eran sus protestas para que se aplicaran a él y a sus compañeros los derechos penitenciarios contemplados en la Ley General Penitenciaria. En una ocasión, Gabriel recuerda que una discusión verbal con un funcionario de prisiones acabó en una paliza brutal: “Me llevaron a Jefatura y me molieron a ‘gomazos’ hasta que perdí el sentido”.
“Rompieron nuestras cosas, echaron lejía a nuestra ropa, nos desnudaron y nos esposaron con las manos a la espalda a la pata de la cama. […] Hacía un frío del demonio y ellos se encargaron de dejar las ventanas abiertas. Aquí también me apalizaron hasta perder el conocimiento”
En 1988, con el cierre de la prisión de menores de Teruel, Gabriel fue trasladado a Zamora. “En Zamora, el martes 13 de septiembre de 1988, recuerdo hasta la fecha exacta, a causa de las protestas que veníamos protagonizando todos los menores, llegaron carceleros —incluso un médico con porra— celda por celda y nos apalizaron y torturaron brutalmente. Rompieron nuestras cosas —fotos, cartas y libros—, echaron lejía a nuestra ropa, nos desnudaron y nos esposaron con las manos a la espalda a la pata de la cama. Solo podías estar en cuclillas o sentado en el suelo. Hacía un frío del demonio y ellos se encargaron de dejar las ventanas abiertas. Aquí también me apalizaron hasta perder el conocimiento”.
Un mes después de esa paliza, Gabriel fue trasladado a la prisión de Daroca, en Zaragoza, una cárcel para presos jóvenes de primer grado de entre 21 y 25 años. “En Daroca, pese a todo, me encontraba mejor. Salía una hora al patio y compartía esa hora con un grupo de máximo cinco presos. Fue allí donde nos organizamos como APRE. Nos llegaron unas circulares que se habían redactado en Herrera de la Mancha y Carabanchel por compañeros de cierto prestigio”.
Hacía algunos años que existía la Copel y en ese momento se comenzaba a gestar una organización de presos que venían sufriendo el Régimen Especial: la Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE), que después añadiría la “r” de Reconstituida a su nombre.
“APRE no era una organización vertical o cerrada. APRE eran las siglas que usaríamos como forma de reivindicar cada acción nuestra: cada motín, cada secuestro, cada huelga. Repito que APRE era solo eso, y quienes con ella se sentían identificados. Acción y comunicado, eso era APRE”, explica Gabriel. “Siempre ha habido quienes querían ser protagonistas de esta lucha y se asumían como ‘presidentes’ o tonterías así. No hubo dirección, fuimos una hidra sin cabeza, o una hidra con mil cabezas”, añade.
La posterior APRE(r) —con r de reconstituida— dio a conocer sus estatutos en enero de 1991, firmados por el entonces preso Javier Ávila Navas, que cuenta en su libro Un resquicio para levantarse. Historia subjetiva del APRE las torturas a las que fue sometido durante los años que pasó en distintas prisiones del Estado español. En sus estatutos, disponibles en la web de Boletín Tokata, los presos exigían la supresión del Régimen Especial 1, recogido en el artículo 10 de la Ley General Penitenciaria de 1979 y en el 46 del Reglamento Penitenciario, que contemplaba el régimen de aislamiento para presos calificados de peligrosos. También denunciaban el traslado a cárceles a cientos de kilómetros de sus familias —como aún sufren los presos relacionados con la extinta ETA—, las continuas torturas, las muertes en prisión por contagio de sida, por falta de atención médica o por las agresiones por parte de funcionarios, como la de Agustín Rueda en la cárcel de Carabanchel. La primera respuesta a sus protestas por parte del tercer gobierno de Felipe González fue la circular emitida por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el 6 de marzo de 1991, con la que nacieron los Ficheros de internos de especial seguimiento, el llamado Régimen FIES, la “cárcel dentro de la cárcel”, una serie de medidas con las cuales los presos considerados capaces de desestabilizar el orden dentro de las prisiones eran sometidos a mayor control y vigilancia. Una formalización del régimen de aislamiento que Gabriel y otros tantos presos siguen sufriendo.
Al salir de prisión, Gabriel se propuso formar “una organización armada fuerte en la calle que apoyase única y exclusivamente la lucha de los presos”
Pero volvamos a la historia de Pombo. Es 1989 y, tras haber pasado cinco años en prisión, Gabriel es puesto en libertad. Tiene 23 años y la libertad solo le duró cuatro meses. Gabriel salió de Daroca con una idea fija en la cabeza: liberar a amigos y compañeros con los que formar “una organización armada fuerte en la calle que apoyase única y exclusivamente la lucha de los presos”. Él se hizo cargo de lo que se denominó “sección gallega”: “Cada preso gallego de primer grado que fue liberado o se fugó podía tener a nuestro grupo como punto de referencia”, explica.
Uno de sus compañeros en esa organización armada fue Rafael Ares Seoane, que ese año había perdido un ojo por el disparo de una bala de goma cuando estaba parapetado en el tejado de la prisión de Zamora durante un motín. “En diciembre de ese año se escapó del Juzgado de A Coruña corriendo y oportunamente yo lo recogí con un coche. Fue una acción bellísima de liberación”, recuerda Gabriel.
Las acciones del grupo eran “expropiar bancos y preparar fugas”, explica Gabriel. “Creo que en ese periodo fuimos acusados de 12 atracos a bancos”, añade. También tenían el ojo puesto en narcotraficantes y proxenetas. “En enero de 1990, disparamos a un mafioso muy conocido de Ourense que era traficante de drogas, de armas y hacía trata de mujeres en su barra americana Secretos. En febrero, en pleno carnaval, decidimos pegarle un tiro en la pierna a un traficante de heroína, también en Ourense, y advertimos a todos los presentes que los camellos estaban en nuestra mirilla”.
El 2 de marzo de 1990, cuatro meses después de su puesta en libertad. Gabriel, Rafael, otros dos hombres y tres mujeres participantes en la organización fueron detenidos. “La prensa nos bautizó como ‘La banda de los siete’, no fueron muy originales”. Gabriel cuenta que Rafael y él decidieron asumir toda la responsabilidad para que el resto de sus compañeros no fueran condenados. “Yo me consideraba el responsable moral de esta acción, de hecho nunca intenté ocultar mi identidad y todo lo hacía a cara descubierta”, explica.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense le acusó de hechos cometidos en febrero de ese año. En este caso, los delitos eran más graves. Pombo fue condenado a 26 años, ocho meses y un día de cárcel por un robo con violencia que acabó con la muerte de una persona, el proxeneta citado por Pombo, propietario de la barra americana Secretos. El mismo tribunal le condenó por otros ocho años, dos meses y un día de prisión por otros dos atracos cometidos ese mismo día y dos años más por tenencia ilícita de armas, a tres años más por otro delito de lesiones y otros dos años, cuatro meses y un día por un delito contra la salud pública porque, en el momento de su detención, llevaba 60 gramos de hachís. A esta condena se le sumó otra del mismo tribunal de siete años y seis meses de prisión por un atraco cometido dos semanas antes, y una más de la Audiencia Provincial de Pontevedra por otro atraco cometido el 24 de enero de 1990 por seis años más. Total: 49 años, ocho meses y tres días de prisión.
Aún no había cumplido los 24 años y Gabriel Pombo volvía a prisión, esta vez por un largo tiempo y en condiciones mucho más duras. “En 1991 fui torturado en la cárcel Pereiro de Aguiar, en Ourense. Me rompieron cuatro costillas y tenía todo el cuerpo lleno de moratones. Llegó a presentarse una jueza y una médico forense, se tomaron declaraciones, pero jamás llegaron a juzgarse estos hechos. Esto me reforzó aún más en mis convicciones de que las leyes y el derecho no eran más que abalorios de una pseudodemocracia fascistoide”. Esa década, Gabriel la pasó alternando intentos de fuga —hasta 13, según tiene contados— con huelgas de hambre y denuncias por las torturas y malos tratos sufridos.
“Para denunciar la situación que estaban sufriendo de tortura y aislamiento, se dedicaban fundamentalmente a mandar escritos de queja a los juzgados para que los sacaran de estas prisiones”, explica Chao Do Barro. “En estas denuncias, que eran un poco para llamar la atención, amenazaban al juez o a su familia, lo que en esa época era un delito de amenazas y desacato”. A Gabriel comenzaron a lloverle nuevas condenas, pero ahora relacionadas con las acciones de protesta que llevaba a cabo en el marco de la APRE y que dan una imagen del recorrido por cárceles de todo el Estado que Gabriel hizo en esos años.
* Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo: 135 días de arresto por simulación de delito por hechos producidos en marzo de 1990.
* Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense: un mes y un por intentar fugarse de la cárcel el 4 de abril de 1990.
* Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga: dos años, cuatro meses y un día, además de una multa de 300.000 pesetas con 50 días de arresto sustitutorio, por una carta considerada como desacato mandada al titular de este juzgado en junio de 1992.
* Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña: seis meses de arresto por amenazas por otra carta enviada en octubre de 1992.
* Juzgado de lo Penal número 1 de Almería: dos meses y un día por intentar fugarse de la cárcel el 5 de febrero de 1994.
* Juzgado de lo Penal número 7 de Ferrol: cuatro meses y un día por amenazas realizadas el 8 de julio de 1994.
* Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña: seis meses de arresto por amenazas por otra carta de enero de 1995.