El gobierno cubano anunció el martes (17/08) una nueva norma de ciberseguridad en el país, que considera un incidente altamente peligroso la publicación de contenidos «subversivos» en Internet. La medida ha generado críticas de internautas y organizaciones, que ya hablan de «ley mordaza».
Según el nuevo marco regulador de las telecomunicaciones del país, «intentar alterar el orden público» o «promover la indisciplina social» a través de las tecnologías de la información y la comunicación es un «incidente de agresión» con un nivel de peligrosidad «muy alto».
La nueva normativa llega en un momento de fuerte tensión social en Cuba, donde el 11 de julio miles de personas salieron a la calle para exigir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
Las redes sociales jugaron un papel importante en la difusión de las protestas en varias partes del país, por lo que el gobierno cubano tomó la medida extrema de bloquear Internet durante una semana.
Organizaciones y usuarios de Internet temen que la nueva medida anunciada el martes sea utilizada por el régimen para silenciar las voces disidentes en las redes y perseguir a quienes critican el sistema cubano y a sus dirigentes.
«Lo que más me preocupa es la utilización de la soberanía, la defensa nacional o la seguridad por parte del Ministerio del Interior para coartar la libertad de expresión», dijo a la Agencia Efe la abogada Laritza Diversent, directora y fundadora de la ONG Cubalex.
Laritza cree que la nueva normativa es una «ley mordaza» con la que Cuba puede imponer multas a quienes expresen críticas al régimen, al Partido Comunista (PCC, el único legal) o al dictador Miguel Díaz-Canel.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó su preocupación por la nueva legislación. «El régimen cubano restringe aún más internet: hoy publicó varias regulaciones que permiten interrumpir internet cuando se publican informaciones que el gobierno considera ‘falsas’ y trata la difusión de noticias que dañan el ‘prestigio del país’ como casos de ciberseguridad», advirtió a través de Twitter.
La resolución 105 instituida hoy, que define las normas de respuesta a los incidentes de ciberseguridad, asigna un nivel de peligrosidad alto a la difusión de «contenidos que vulneren preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público», así como a la difusión de noticias falsas.
Asimismo, considera como acciones de «ciberterrorismo» aquellas que pueden «subvertir el orden constitucional», desestabilizar el funcionamiento de «las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado», u «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».