Consideraciones sobre la operación «Ritrovo» y las solicitudes de vigilancia especial
Un año después de la operación «Ritrovo» llegaron solicitudes de vigilancia especial de 5 años con residencia obligatoria contra 7 compañerxs implicadxs en la investigación. Se ha fijado una audiencia para el 12 de julio. La medida nos parece totalmente acorde con lo ocurrido tanto en el pasado reciente (Cagliari y Génova) como en el más remoto. Ante el fracaso o la drástica remodelación del contenido de la investigación, se intenta golpear a lxs mismxs con otros medios. La intención es claramente la de no rendirse, debilitar los contextos en los que pensar y organizar la crítica y la oposición al statu quo es una práctica que se mantiene constante, incluso por el simple hecho de que lxs compañerxs se sientan constantemente vigiladxs, respirándoles en la nuca, tratando de presionarlxs.
La vigilancia especial, y de otra manera las medidas «menores» de custodia como la residencia obligatoria y la prohibición de residencia, son medidas tan tortuosas como viles. Quien se ve afectado por ellas queda aislado de una forma que no es tan dura como las medidas de la detención. Sin embargo, aunque con medios diferentes, el objetivo del Estado sigue siendo el mismo: reducir el espacio de los que actúan, quitar de en medio a lxs que se exponen y dar un aviso a quien pretende hacerlo. Y puede conseguirlo tanto con la cárcel como con otras medidas, aunque sean más leves. Es cuando lxs compañerxs desaparecen de los contextos en los que habían estado luchando hasta ahora, precisamente por estas medidas, cuando podemos comprobarlo. Y aunque no nos sorprende que la solidaridad no se exprese con el mismo ímpetu que las detenciones, queremos señalar que lo que pretenden es muchas veces lo mismo: detener los caminos de la lucha. Y no podemos permitir que lo consigan.
Por lo tanto, parece esencial primero colectivizar el contenido de estas solicitudes y luego esperar que el debate y la resistencia contra estas medidas se extiendan, también teniendo en cuenta el grueso de la vigilancia solicitada sobre el territorio nacional en los últimos meses: 4 en Cagliari, 2 en Génova (una de ellas actualmente en vigor), 1 en Turín, 7 en Bolonia (precedidas de otras 2 en la provincia, una de las cuales fue rechazada y la otra aplicada).
En cuanto a estas investigaciones, podemos decir que, en línea con el punto de partida, son decididamente chapuceras. En primer lugar las medidas de vigilancia se han solicitado no por «peligrosidad genérica» sino por una denominada «cualificada», es decir, destinada a personas investigadas por determinados tipos de delitos; en este caso concreto, delitos de terrorismo (coma «d» del apartado del código penal sobre las personas afectadas). A pesar de ello, la acusación de terrorismo que se desprende de los papeles judiciales está vinculada a la Operación Ritrovo -en la que todavía hay compañerxs investigadxs- que hace un año se saldó con siete detenciones y cinco órdenes de residencia obligatoria. Por tanto, metodología ya vista: primero el fiscal lanza acusaciones de terrorismo -rechazadas tanto por el Tribunal de Revisión como por el de Casación tras un recurso presentado por el fiscal- y luego utiliza la misma acusación para demostrar la peligrosidad basada precisamente en el terrorismo.
En cuanto al contenido, las 7 solicitudes están bastante centradas en el individuo. Sin embargo, todas comparten una introducción común, que recuerda la visión preventiva exaltada por el fiscal Dambruoso al principio de la Operación Ritrovo y el concepto represivo-pandémico según el cual en el curso del año pasado hubo supuestamente «infiltración de anarquistas locales en el tejido social con la intención de «explotar la ira» generada por las estrictas limitaciones impuestas por el Gobierno para contener la pandemia Covid-19, y dirigirla contra las instituciones democráticas libres»*.
Se menciona a alguien como titular del espacio informativo «Il Tribolo» (del que se incautaron pancartas y banderas, por lo que se considera que está a disposición personal del titular), o como participante activo en la edición del boletín antiprisión OLGA. Otros son mencionados como participantes en manifestaciones y concentraciones a nivel nacional e internacional, en particular en la lucha contra la represión y la solidaridad con lxs compañerxs en prisión.
Naturalmente, hay pasajes contradictorios. Para algunos, la peligrosidad personal se deduce por la posesión de instrumentos informáticos de protección de la intimidad. Para otros, por el contenido (transcripción de cartas, folletos, informes sobre reuniones) extrapolado de piezas de comunicación encontradas en dispositivos informáticos no encriptados.
En algunas de las solicitudes se hace más hincapié en los «currículums» militantes, a partir de las primeras denuncias (informadas superficialmente con errores y erratas); en otras se hace hincapié en los acontecimientos ocurridos el año pasado, incluyendo las manifestaciones en solidaridad con lxs presxs tras la revuelta de marzo de 2020 y la participación activa en la Asamblea en solidaridad con lxs presxs, además de la correspondencia con estos últimos, por lo que a algunxs se les da un papel de «conexión» entre lxs compañerxs dentro y fuera de las cárceles a nivel nacional.
Y luego este pasaje: «La puesta en común de las dinámicas revolucionarias de lucha en el contexto anti-carcelario y en solidaridad con lxs anarquistas insurreccionalistas encarceladxs pertenecientes a la FAI/FRI «abarca ideológicamente» una proyectualidad subversiva que apunta a la insurrección violenta, explotando y fomentando también las revueltas carcelarias»*. La adhesión ideológica sería una condición para llevar a cabo las solicitudes de medidas preventivas. Dambruoso lo viene diciendo desde el año pasado y continúa por este camino sin pensarlo dos veces. El fiscal, cuya execrable carrera en la fiscalía de Milán se construyó sobre la represión contra el llamado terrorismo islámico, intenta hoy seguir las mismas pistas contra lxs anarquistas. Y esto sería risible dado su escaso éxito, si no fuera porque precisamente con investigaciones similares sobre el terrorismo, basadas exactamente en la adhesión ideológica, él y otrxs fiscales imponen años de prisión o medidas preventivas a diestro y siniestro.
La contraparte ataca y lo hace con constancia, manteniendo una especie de «estándar punitivo», como forma de decir que el Estado no baja de un determinado nivel de represión, en cuanto a los años infligidos y a la tipología de las medidas (preventivas y no) dictadas. Si el nivel del conflicto baja la represión avanza, o al menos no retrocede. Precisamente porque, lo dicen ellos mismos, el objetivo es «prevenir», una vuelta a los «años calientes».
Y nosotrxs pensamos que debemos partir exactamente de aquí. Frente a su prevención, queremos oponer la nuestra, organizando y lanzando luchas y discursos que este enésimo movimiento represivo quiere romper.
*Citas de solicitudes de vigilancia especial
FUENTE: INFERNO URBANO
TRADUCCIÓN: ANARQUÍA
