En abril de 2020, nuestro compañero y amigo Boris prendió fuego a las antenas de cuatro operadores de telefonía móvil, así como a las de los policías y gendarmes en el Mont Poupet (Jura). Identificado por el ADN presente en un tapón de botella, fue encarcelado en septiembre de 2020 en la prisión de Nancy, y luego condenado en abril de 2021 a cuatro años de prisión, dos de ellos sin suspensión. En una carta pública escrita desde la cárcel*, defendió su acto por su voluntad de oponerse a la creciente digitalización de nuestras vidas mediante la acción directa, con todos los estragos de control, medioambientales y sociales que implica. En agosto de 2021, resultó gravemente herido en un incendio en su celda, y desde entonces está en manos de las autoridades médicas. En el plano judicial, su encarcelamiento se levantó en el momento del juicio de apelación del mes de septiembre siguiente (aplazado sine die), mientras que una investigación, aún en curso, se encomendó a un juez de Nancy para determinar las causas del incendio e investigar el afán por dejar que nuestro compañero se asfixiara en su celda.
Alternando entre el coma artificial y la semiconsciencia durante unos meses, Boris no podía tomar sus propias decisiones. Los médicos no dejaron de equivocarse en sus diagnósticos, pero siempre con una confianza inquebrantable. A principios de marzo de 2022, Boris fue trasladado del ala «Grands Brûlés» del hospital de Metz a la unidad de cuidados intensivos del CHRU de Besançon, que en abril decidió deshacerse de él enviándolo a otra unidad poco adecuada a su situación, sin que su opinión tuviera importancia. Esta decisión, que tuvo graves consecuencias y supuso el abandono de los cuidados activos, estuvo motivada esencialmente por el hecho de que no se observó ninguna evolución favorable de su estado de salud, siguiendo criterios estadísticos miserables. Evidentemente, estos criterios no tienen en cuenta en absoluto al individuo concreto al que se le aplican de forma absoluta y escalofriante, aunque exprese su férrea voluntad de seguir viviendo y luchar por mejorar. Aprovechando su actual tetraplejia, y a pesar de que es capaz de hablar, lúcido y combativo, los médicos decidieron no reanimarle si se producía una nueva infección grave. Sólo a base de protestar y escribir cartas tuvieron que tener en cuenta su voluntad de sobrevivir y reanudar un mínimo de cuidados activos.
Pero, por supuesto, esto se fue convirtiendo en algo inaceptable para las autoridades del hospital. Un ex convicto anarquista que se atreve a cuestionar el dogma médico, que se niega a resignarse sin inmutarse a sus diagnósticos mortales, ¡no puede ser lúcido! Evidentemente, es demasiado «influenciable», según los expertos con bata blanca (¿por sus ideas antiautoritarias?). Así, cuando Boris intenta obstinadamente tener acceso a su expediente médico a pesar de los obstáculos del hospital que se lo ha negado hasta ahora, y que además espera que sus allegados, aparte de la familia, puedan discutir su situación con el médico, el florero de las autoridades se desborda.
Así, el 8 de junio de 2022, la Sra. Elisabeth Batit, médico del CHRU de Besançon encargada de la situación de Boris, armada con el poder que le confiere su función, que pretende imponer a toda costa, decide dar un paso más en su empresa de derribar al compañero como individuo. Sin su conocimiento, y en una carta firmada conjuntamente con la trabajadora social del hospital, procedió a un informe a la Fiscalía de Besançon (la misma que se había encargado de la investigación preliminar sobre las antenas…) para iniciar un procedimiento de «puesta bajo tutela judicial», supuestamente para «protegerlo» contra sus propias decisiones. Qué mejor entonces para el celoso fiscal que ordenar, el mismo día, el envío de un perito-psiquiatra para decretar que, además de su parálisis, nuestro compañero sería en adelante «incapaz de proveer por sí solo a sus intereses». El 14 de junio, el verdugo mental que responde al nombre de Thomas Carbonnel, y que no es otro que el vicedirector del hospital psiquiátrico local, debidamente elegido por el fiscal en su pequeña lista oficial, pasó así inesperadamente por la habitación del hospital de Boris para recomendar su colocación «bajo custodia reforzada».
Es un juez de los niños de Vesoul, delegado desde hace algunas semanas «como juez de la tutela» en el tribunal de Besançon, que emitió a toda prisa una orden provisional de urgencia contra nuestro compañero, titulada «salvaguardia de la justicia». Una medida que podrá agravar poniéndolo bajo curatela o tutela durante varios años, en el momento de la audiencia contradictoria que debería tener lugar dentro de un año. Desde la húmeda oscuridad de su despacho, sin avisar a nadie, ni siquiera al interesado, la juez Marie-Lee Avena decretó el 8 de julio que Boris podía «realizar actos excesivos» y nombró a un Representante Judicial para la Protección de los Adultos (MJPM) que toma el control de toda su correspondencia, de sus cuentas y de sus futuros recursos (como la prestación de invalidez para adultos): UDAF 25, la Unión Departamental de Asociaciones Familiares de Doubs.
Creada por una ley de Vichy sobre la familia reformada en 1945, la UDAF reúne a decenas de asociaciones religiosas o laicas que defienden con orgullo ante los poderes públicos uno de los pilares del patriarcado: la familia. Es una organización importante en la que se apoya el Estado para aplastar la autonomía del millón de personas puestas bajo tutela o curatela, incluso desde 1968 hasta 2007 por… «despilfarro, transgresión u ociosidad».
En la UDAF 25, además de su centenar de empleados, se encuentran naturalmente personas cada vez más ávidas de poder, como su nueva presidenta Karima Rochdi, ex teniente de alcalde de Besançon convertida en líder de la oposición macronista en el actual ayuntamiento. La que ahora pretende gobernar con mano de hierro las gestiones administrativas del compañero para salir del hospital, es la misma que por ejemplo no había dejado de despotricar contra la ZAD des Vaîtes de Besançon, denunciando implacablemente a los opositores a que estos antiguos huertos de trabajo se conviertan en hormigón como una panda de «ecologistas extremistas». En cuanto al nuevo director general de la UDAF 25, Thierry Pillot, más concretamente encargado del servicio «de medidas de protección judicial para adultos» que concierne a nuestro compañero, ha hecho buena parte de su carrera como directivo en el seno del mayor explotador de discapacitados del Doubs (la ADAPEI, convertida en la Fundación Pluriel), en cuyo consejo de administración figura, por ejemplo… el médico jefe del servicio donde sigue Boris, un representante del Ministerio del Interior, pero también el antiguo director de los servicios penitenciarios (SPIP) de Doubs y Jura.
La explotación y el sometimiento de las personas consideradas «frágiles» o «anormales» es un negocio subvencionado y un mecanismo bien establecido, dirigido por toda una camarilla de figuras de autoridad y buenas intenciones paternalistas.
Boris lleva años portando ideas anarquistas contra toda forma de poder, y una vez más está pagando un alto precio. Para la democracia, cada vez más vendida como el único horizonte posible bajo el paradigma de la libertad tecnológica, patologizar los comportamientos llamados «no estándar» o demasiado desafiantes es una forma de intentar neutralizarlos para imponer su hegemonía. Ya sea mediante la represión más brutal, o mediante el intento de poner bajo tutela forzosa a quienes no se resignan a su destino. ¿Y por qué habría de privarse de ello, contra un anarquista o cualquiera que se salga de la línea, mientras sus lacayos no tengan cuentas pendientes por toda la miseria que siembran a diario?
También se trata de luchar contra el despojo de todos,
Solidaridad activa con Boris, de la manera que cada uno encuentre más adecuada…
Anarquistas solidarios y cómplices con Boris
28 de julio de 2022
* «Por qué quemé las dos antenas del Monte Poupet»,17 de junio de 2021 (leer por ejemplo aquí)
| FUENTE: LILLE INDYMEDIA TRADUCCIÓN: ANARQUÍA |
