La decisión sobre cinco internacionalistas italianos, que fueron a Rojava para defender la revolución, se tomará en 90 días; luego el fiscal tendrá que decidir si impone medidas especiales de vigilancia, incluida la prohibición de vivir en la ciudad donde viven actualmente lxs activistas, así como la prohibición de realizar actividades políticas y participar en manifestaciones y protestas. La oficina de Turín de la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales, junto con el fiscal local Pedrotta, han intentado durante meses reprimir a quienes lucharon en Siria culminando con esta deliberación.